Cada vez que un país se ha atrevido a inclinar sus preferencias de
estándares de software por soluciones libres, representantes de empresas
relacionadas al Software propietario y grupos de presión o cabildeo
denuncian a través de los medios que ese sería el fin de la industria
nacional del Software.
Chile no ha sido la excepción en este sentido, en una columna anterior recordábamos como en medio de la crisis “subprime”
en noviembre del 2008, la Cámara de Diputados aprobó una indicación
presupuestaria que hubiera obligado al Estado chileno a evaluar y
preferir el software libre frente a las soluciones propietarias, lo que
ayudaría a ahorrar importantes recursos fiscales en un período crítico,
sin embargo el “lobby” de la industria de software propietario logró que el ministro Bitar, (de OOPP de la época) alineara a los diputados para rechazar la indicación.
En el año 2009 el MOP pagó 1.676 millones de pesos por licencias de
Software, el costo para todo el estado de Chile muchas veces mayor, ¿pero por qué se insiste en seguir pagando por arriendo de licencias propietarias sin siquiera evaluar una alternativa de mejor calidad y precio como el software libre?.
En un comunicado de la época, la ACTI emitió un comunicado sobre la
indicación presupuestaria donde decía “esta indicación daña a la
industria local de software ya existente, resta agilidad a
la contratación pública de software; viola el principio de neutralidad
tecnológica del estado y resta competitividad y dinamismo al desarrollo
tecnológico de Chile”.
El mañido argumento de daño de la industria nacional es absolutamente
falso, la gran mayoría de los ingresos por pagos de licenciamiento de
software propietario va a engrosar las arcas de grandes multinacionales
que en muy poco van a beneficiar a Chile.
La agilidad de la contratación pública posiblemente se refiere a que
si la opción de comprar software en el aparato público se restringe a un
producto, es seguro que la adjudicación va a ser muy rápida ya que no
hay competencia, ¿pero será en el mejor interés de Chile?.
Sobre el impacto al dinamismo del desarrollo tecnológico es un
argumento totalmente retorcido, de hecho si las empresas nacionales de
desarrollo pudieran proveer soluciones basadas en software libre,
bajarían sus costos, puesto que no pagarían licencias ni herramientas de
desarrollo, y tendrían mucha mayor productividad por tener disponibles
recursos de entrenamiento y ayuda gratuita a través de Internet. Ni
siquiera tendrían que incurrir en costos de capacitación porque en todas
las universidades locales se enseñan las herramientas libres para el
desarrollo de software.
Dejo para el final el argumento de la neutralidad tecnológica que
solo puedo calificar como desfachatado. Parece que la ACTI no quiere que
se afecte la neutralidad tecnológica que obliga a todos las empresas
PYME de este país a comprar Microsoft Office para poder presentar
propuestas en el Mercado Público, o que tenga que comprar computadores
con Windows para tener el navegador que la misma PYME pueda subir una
oferta al mercado público, porque no funciona sino con el navegador de
Windows a pesar que menos del 20% de los usuarios de Chile lo
utilizan, o que el SII exija también el mismo navegador de Microsoft
para poder generar facturas
electrónicas.
Parece que hay interés en tener neutralidad siempre y cuando se
escojan productos de las grandes empresas multinacionales del software
propietario y que son miembros de la ACTI.
Cambiar esta situación y lograr una neutralidad tecnológica verdadera
y que beneficie a Chile depende de que la estrategia digital pública se
retome a la mayor brevedad y se privilegie la dirección dada al
análisis del papel del software libre con participación de miembros
relevantes de la industria y no solo por representantes de la industria
de software propietario.
Retomar el camino de la economía del conocimiento apoyado por tecnologías libres puede ser un muy buen negocio para Chile.
